Para los migrantes que no hayan cumplido el empadronamiento voluntario, «aunque no tengan orden de detención, se les dictará el decreto de expulsión», precisó Boric.
Chile promovió este año un plan de empadronamiento biométrico para extranjeros irregulares. Este proceso ya culminó y logró almacenar los datos de 127.000 personas.
Esta iniciativa buscaba subsanar el déficit de información respecto a la identidad de extranjeros que llegaron a Chile y que no ingresaron de manera regular en los últimos cinco años; en su gran mayoría estos inmigrantes provienen de Venezuela.
El aumento de la inmigración irregular domina el debate en Chile tras una serie de delitos que tienen a los extranjeros como protagonistas, entre ellos, el ataque contra un policía utilizando una granada ocurrido el pasado 19 de noviembre.
Por su parte, la oposición amenazó con iniciar un juicio político en contra de la ministra de Interior y Seguridad, Carolina Tohá, si la expulsión de 12.000 migrantes no se concreta antes de que culmine el año.
Desde el año 2017, ha habido un aumento exponencial en la llegada de migrantes desde Venezuela, quienes en su mayoría cruzaron a Chile caminando por la frontera por Bolivia o Perú a través de pasos clandestinos, huyendo de la grave crisis económica, política, falta de alimentos y otros servicios básicos en su nación.
Según los datos oficiales, de los 1,7 millones de extranjeros que llegaron a Chile en los últimos años casi la mitad son venezolanos.