El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición suscribieron el sábado en la capital mexicana un acuerdo que prevé la creación de un fondo, que será manejado por Naciones Unidas, para atender la compleja crisis social de Venezuela en el marco de la reactivación de los diálogos.
La firma del convenio coincidió con el anuncio del Departamento del Tesoro sobre la ampliación de la licencia de operación para Chevron, la mayor petrolera estadounidense, en Venezuela, lo que le permitirá vender y exportar sus productos únicamente hacia Estados Unidos, pero no podrá realizar pagos de impuestos a las autoridades venezolanas ni entregar dividendos a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
Los términos del acuerdo parcial fueron anunciados por el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, quien afirmó que el convenio permitirá lograr importantes avances para la protección de los venezolanos.
Durante un acto en un hotel del centro de la Ciudad de México, Nylander informó que el fondo social se financiará con recursos congelados del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, que se liberarán de manera progresiva para apoyar programas de salud, alimentación y educación para los sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis; mejorar el deteriorado sistema eléctrico público, y atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias ocurridas en el segundo semestre de ese año.
El facilitador precisó que Naciones Unidas apoyará la implementación del fondo y que se creará un grupo de veedores, con representantes de ambas partes, que le dará seguimiento a los proyectos.
En el acuerdo no se mencionó la suma que manejará el fondo, pero se prevé que podría alcanzar los 3.000 millones de dólares que se irán liberando progresivamente en la medida que se cumplan los proyectos.
Tras trece meses de suspensión de los diálogos, el gobierno y la oposición buscan impulsar el proceso con este acuerdo social, que fue avanzado en los últimos meses con la mediación de Noruega.
La conformación del fondo social forma parte de una amplia agenda de discusiones que se espera avanzar en diciembre, que incluirá el levantamiento de las sanciones económicas, la definición de las condiciones para las elecciones presidenciales del 2024, la liberación de presos políticos y el retiro de inhabilitaciones políticas.
AP