La activista por los derechos humanos y promotora del Movimiento Unidos Por La Dignidad UPDI, Richelle Briceño manifestó la inconformidad del movimiento ante la falta de respuestas por parte de las instituciones a los requerimientos que desde siempre han planteado como conquistas legitimas.

«Silencio, omisión y desidia por parte del estado venezolano ante los derechos humanos de la población LGBTIQ+ y la población más vulnerable es lo que ha existido siempre», manifestó.

Todas las instancias jurídicas, administrativas y el resto de las competencias del estado venezolano han sido emplazadas a atender los postulados internacionales sobre los derechos humanos y la equidad que se plantea y mueve el espíritu de la Constitución de la República de Venezuela del año 1999, vigente. Sin embargo no han sido escuchados tales planteamientos y no existe ningún tipo de respuestas por parte de las instituciones.

Resaltan entre los muchos planteamientos el hecho de que en Venezuela la homosexualidad esta penalizada, para tal aseveración citaron el artículo 565 del Capítulo VI del Código de Justicia militar publicado en Gaceta Oficial 6646 del 17 de septiembre del 2021. Donde el texto reza lo siguiente:

«Artículo 565.- El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permitan tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas.

La misma pena aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura.»

Gaceta Oficial

La protesta busca recibir respuesta por parte de la Defensoria del Pueblo ante este hecho que consideran violatorio del marco y espíritu de la Constitución.

Ratificaron su denuncia de «omisión Legislativa» por parte de la Asamblea Nacional en las materias de cambio de nombres para las personas trans así como el matrimonio igualitario, introducidos para su discusión desde 2014.

Los activistas en la protesta manifestaron su intención de permanecer encadenados frente a la Defensoria hasta ser atendidos por el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz y que el mismo en representación de esa instancia del Poder Moral se pronuncie oficialmente ante los requerimientos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela.