Estos números de seguro social de 6.300 inmigrantes, en su mayoría latinos, fueron incluidos en el “archivo maestro de defunciones” para evitar que estos puedan, por ejemplo, obtener un seguro médico o abrir cuentas bancarias

La administración de Donald Trump canceló los números de Seguro Social de 6.300 inmigrantes, en su mayoría latinos, para limitar las posibilidades de éstos a trabajar, tener cuentas bancarias, e incluso acceder a un seguro médico.

De acuerdo con reportes del diario El País, el gobierno estadounidense introdujo en el llamado “archivo maestro de defunciones” los nombres de estas personas que entraron de manera legal al país, como una estrategias para obligarlos abandonar EEUU.

“El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse. Está cumpliendo la promesa que hizo al pueblo estadounidense”, aseguró en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston.

En este sentido, el New York Times, señaló que el responsable de entregar la información de los migrantes a la administración de Seguridad Social es Aram Moghaddassi, ingeniero de software para el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). En la lista se encuentran extranjeros que funcionarios de seguridad nacional de EEUU habían identificado con estatus legal temporal, pero que ahora figuraban en «la lista de vigilancia terrorista» o tenían antecedentes penales del FBI.

En la referida lista también hay unos 1.000 cobrando beneficios a través del programa de seguro de salud Medicaid, 41 cobrando el seguro de desempleo y 22 recibiendo préstamos estudiantiles.

El diario The Washington Post reveló que los próximos en el listado serían unos 92.000 inmigrantes indocumentados con algún tipo de condena penal. Luego les tocaría a los indocumentados sin antecedentes penales.

“La inclusión de los inmigrantes en la base de datos significa que ahora serán tratados como muertos por muchas agencias federales, empleadores, arrendadores y bancos”, dijo un funcionario de la Casa Blanca al Post.