El gobierno de Nicaragua declaró el miércoles “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como numerosos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.
La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, afecta también a la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al periodista Carlos Fernando Chamorro, a la exguerrillera Mónica Baltodano y su familia, y al excomandante sandinista Luis Carrión, entre muchos otros.
A los 94 afectados “se les declara prófugos de la justicia” y, además de perder su nacionalidad, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular “de forma perpetua”, indicó la resolución leída por el funcionario judicial.
Tanto Belli como Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017, y la mayoría de los mencionados en la lista son personas opositoras a Ortega que se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los citados que están en Nicaragua.
La sorpresiva disposición de Ortega ocurre apenas seis días después de la excarcelación y destierro de 222 opositores presos, que fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden. A todos los expulsados se les quitará la nacionalidad nicaragüense, según se ha informado.
Varios de los afectados reaccionaron contra la medida, como el abogado Uriel Pineda, radicado en México desde hace 10 años. “Daniel Ortega y Rosario Murillo no nos quitan la nacionalidad, nos convierten en embajadores de la lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua”, tuiteó Pineda.
Por su parte, la periodista Lucía Pineda Ubau, directora del canal 100% Noticias, confiscado y clausurado por Ortega en 2018, calificó de “ladrones” a los gobernantes de su país, que la obligaron a exiliarse en Costa Rica hace cuatro años.
Asimismo, el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, también exiliado, dijo que adquirió sus bienes “sin robar ni delinquir” y acusó al gobierno de Ortega de dirigir “una dictadura dinástica” responsable de cometer “crímenes de lesa humanidad” en los últimos cinco años.
AP