Un proyecto de sentencia estaría siendo discutida en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para favorecer al exbanquero y hombre solicitado por la justicia venezolana, José Antonio Oliveros Febres Cordero, se pudo conocer a través de un documento que circuló en mundo instancias del Poder Judicial.
Fuentes vinculadas al TSJ indicaron que el proyecto de sentencia ha tenido resistencia por la mayoría de los magistrados de la Sala Constitucional ya que alertan que, entre otras cosas, disuelve la autoridad de la Superintendencia de Bancos, removiendo a los actuales accionistas de dicha institución.
Sin embargo los abogados de Oliveros, Álvaro Prada y Alfredo Abuhasan conjuntamente con Federico Fuenmayor, asistente personal de la Magistrada Gladys Gutiérrez, habrían redactado la sentencia a la medida que favorece a Oliveros en detrimento de las víctimas, anulando todos los juicios civiles e incluso los procedimientos penales en contra del exbanquero.
Trascendió que dentro del TSJ ha habido consternación por parte de otros magistrados, así como también por parte del regulador bancario, calificando ese proyecto de sentencia como una aberración judicial que podría llevar a todo el sistema bancario nacional y sus autoridades a un limbo.
Giro Bank, Curazao
En el año 2015 Oliveros negoció la compra del Giro Bank en Curazao directamente con el regulador de la isla. Para la compra uso dinero de sus bancos en Puerto Rico y Venezuela, y se acusa de utilizar créditos falsos a nombre de clientes del banco, sin que estos conocieran lo que sucedía.
La fiscalía de Holanda habría iniciado una investigación por corrupción contra el superintendente holandés, Elmsey Tromp, por presuntamente haber recibido de Oliveros 1,5 millones dólares para favorecer la compra del banco.
Estas investigaciones dieron origen a las demandas penales y civiles que iniciaran los clientes del banco en Venezuela, así como también los acreedores de Oliveros por delito de estafa y apropiación indebida calificada, entre otros, dejando una deuda cercana a los 100 millones de dólares.
En el año 2018 Oliveros logró evadir las autoridades venezolanas que habían emitido una prohibición de salida del país y refugiándose en la ciudad de Miami, desde donde opera políticamente y actúa como financista de grupos vinculados al partido Voluntad Popular.
Fiscalía emite Orden de Captura
Ya la fiscalía venezolana ha venido investigando a Oliveros Febres por irregularidades y delitos financieros. En el año 2019 fue imputado por delitos relacionados a CADIVI y dólares preferenciales donde se desviaron más de 300 millones de dólares. La fiscalía emitió una orden de captura contra Oliveros Febres Cordero en julio del presente año.
Igualmente en agosto del 2017, el ministerio público venezolano, inicia investigación contra José Antonio Oliveros, por haber entregado a la dirigente política Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, cuatro cajas de madera con mas de 200 millones de bolívares en efectivo, provenientes del Banco Activo, del cual era Presidente y dueño.
Tintori fue interceptada por una comisión del CICPC en la Urbanización Los Palos Grandes y posteriormente reconoció que transportaba esa cantidad en un vehículo de su propiedad alegando que era para gastos médicos.
En octubre del 2019 el medio español Diario 16 publicó un reportaje en el que exponen al ex banquero venezolano y sus relaciones con el ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Ahí se describen detalladamente el entramado de empresas y relaciones familiares con las que se desfalcó a la industria petrolera venezolana.