Al menos 39 personas fallecieron durante 2023 en cárceles y centros de detención preventiva o calabozos a causa de enfermedades, según reveló el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) denominado “Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad “.
De acuerdo a la investigación efectuada a nivel nacional 22 personas murieron en prisiones y 17 en centros de detención preventiva.
Los fallecidos en prisiones fueron a causa de tuberculosis (8), complicaciones pulmonares o respiratorias (7), hemorragia digestiva (1), meningitis (1), paludismo (1), cáncer (1), desnutrición (1) y tumor cerebral (1).
De los muertos en calabozos, 8 fallecieron en el primer semestre del año pasado y 9 en el segundo.
UVL informó además que en 2023 se registraron cinco suicidios dentro de calabozos policiales.
“La cifra de suicidios es tan alarmante que podemos compararla con la de los casos de tuberculosis”, reza el informe.
Hacinamiento alarmante
De acuerdo con la investigación de UVL, la mayoría de las muertes en cárceles, prisiones e internados judiciales pudieron evitarse con políticas públicas adecuadas.
“La mayor parte de estas enfermedades pueden ser controladas o erradicadas, pero el hacinamiento, la falta de ventilación en las celdas y la ausencia de enfermerías acentúa e incrementa la aparición de estas dolencias”, reseñó el documento.
Según la investigación, la tuberculosis avanza con fuerza en los centros de reclusión venezolanos debido al hacinamiento, la falta de agua potable, ventilación y luz solar.
UVL registró un hacinamiento de 189,31% en los centros de reclusión durante 2023, 13 puntos más que en 2022 (176,2%).
Para el segundo semestre del año pasado la población masculina de detenidos se calculó en 17.481, siendo el cupo de menos de 10 mil lo que representó un hacinamiento cercano a 200%.
Por su parte, la población femenina tuvo un hacinamiento en el segundo semestre de 832,39%, en espacios para 213 había 2.028 mujeres.
El hacinamiento en los centros de reclusión de Caracas fue de 288,59%, más de 3.000 detenidos ocuparon el espacio adecuado para 1.000 personas.
El informe destaca que la falta de baños, acumulación de heces fecales y basura, además de presencia de alimañas en las celdas contribuyen a la proliferación de enfermedades.
“El aseo urbano puede tardar hasta una semana en llegar lo que facilita la putrefacción de los residuos biológicos”, indica el documento.
Mujeres discriminadas en cárceles
El informe de UVL sostiene que a nivel nacional solo existen 12 calabozos policiales exclusivos para mujeres, 74 para hombres y el resto (207) son mixtos.
“Solo en tres centros de detención preventiva, a nivel nacional, se les entrega papel toilette y toallas sanitarias a las mujeres detenidas”, refleja la investigación.
Pese a que la población femenina recluida en centros de detención preventiva (2.028) para el cierre de 2023 no tiene derecho a visitas conyugales, destaca la presencia de embarazadas.
“O ingresan embarazadas o fueron embarazadas durante su estadía en el calabozo policial”, indican los investigadores.
De acuerdo con UVL, a las embarazadas no se les presta atención médica adecuada y solo se les traslada a un centro asistencial cuando se presenta el parto.
“En los calabozos policiales hay más espacios para la población LGBTIQ+ que para las mujeres”, indica el informe.
La investigación destaca que solo los familiares de las detenidas en las cárceles son los que se ocupan de la alimentación, ropa, calzados, agua potable, medicinas, productos de aseo, limpieza para las celdas y hasta pagan los traslados en carros particulares cuando el detenido debe ir a un centro asistencial.
Quiebre de la institucionalidad
De acuerdo a Una Ventana a la libertad, el colapso del sistema penitenciario responde a la crisis general por la que atraviesa el país:
“Los privados de libertad sobreviven no solo al hacinamiento y a las pésimas condiciones de reclusión sino al colapso de la democracia y de toda su institucionalidad”.
Voceros de UVL recordaron que en junio de 2021 se creó la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, cuyo objetivo era resolver en 60 días el hacinamiento en los calabozos policiales. Tres años después el problema persiste.
Destacaron que en 2021 fueron liberados 6.390 detenidos y trasladados 2.066, en 2022 liberaron a 7.930 y trasladaron a 2.871 y 2023 las cifras bajaron a 453 detenidos liberados y 479 trasladados.
“El gobierno obtuvo lo que buscaba, es decir, propaganda, imagen pública nacional e internacional, pero eso no resolvió el problema de hacinamiento en los retenes policiales”, precisó el documento.
Expertos de UVL. encabezados por su director Carlos Nieto Palma, instaron a la puesta en marcha de políticas públicas penitenciarias y al cese de la violación a los derechos humanos de las personas detenidas.
Trabajo de run runes