El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este lunes durante su visita a la Casa Blanca que no piensa devolver a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, salvadoreño al que el gobierno de Donald Trump admitió haber deportado «por error» al país centroamericano y que desde entonces permanece recluido en una polémica cárcel de máxima seguridad.
Respondiendo en inglés a preguntas de los periodistas junto al presidente estadounidense, Bukele dijo: «¿Cómo puedo devolver un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente?.
«La pregunta es absurda. No tengo el poder de devolverlo a Estados Unidos», continuó Bukele.
Le preguntaron entonces si contempla ponerlo en libertad en El Salvador y también lo negó. «No somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro país», dijo, ignorando el hecho de que no consta que Ábrego García haya sido nunca acusado de ningún crimen ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió la semana pasada que el gobierno debe «facilitar» el regreso al país de Ábrego, ratificando la orden previa de una juez federal, que falló que la deportación de Ábrego ignoró una orden de un juez de inmigración de 2019 que resolvió que no debía ser deportado porque su seguridad corría peligro si regresaba a El Salvador.
Los abogados del Departamento de Justicia señalaron en el proceso que Ábrego fue deportado debido a un «error administrativo», aunque este lunes Stephen Miller, segundo jefe de gabinete del presidente Trump, dijo que la deportación no había sido un error y que «fue el hombre correcto enviado al lugar correcto».
Un caso emblemático
El caso de este ciudadano salvadoreño se ha convertido en uno de los más emblemáticos de las deportaciones masivas prometidas por Trump en su segundo mandato.
El gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el de El Salvador para encerrar en cárceles salvadoreñas a inmigrantes irregulares y criminales recluidos en prisiones estadounidenses.
Pero desde que empezaron a producirse las deportaciones, han aumentado las denuncias de que las autoridades estadounidenses están enviando a El Salvador a personas sin antecedentes criminales.
El de Ábrego García se ha convertido en uno de los más destacados por la batalla judicial que ha planteado y la resistencia del gobierno de Trump a cumplir las órdenes judiciales.
Según alegaron sus abogados en su expediente judicial, Ábrego llegó a Estados Unidos clandestinamente en 2011 huyendo de las amenazas de grupos criminales salvadoreños para instalarse en Maryland con un hermano suyo estadounidense.
En 2019 fue detenido en las afueras de Washington cuando buscaba trabajo en una cadena de tiendas de bricolaje.
Los agentes de Inmigración lo acusaron de pertenecer a la mara salvadoreña conocida como MS-13, algo que él siempre negó.
En octubre de 2019, Ábrego logró que el tribunal suspendiera indefinidamente su deportación por el riesgo de sufrir violencia o torturas en El Salvador.
Desde entonces, Ábrego trabajó en la industria metalúrgica en Estados Unidos y siguió con su vida, presentándose a las citas a las que regularmente le convocaban las autoridades migratorias.
Hasta que el 12 de marzo fue detenido cuando, después de trabajar, acababa de recoger su hijo en casa de su abuela y los agentes le comunicaron que ya no contaba con protección para permanecer en Estados Unidos.
Pocos días después, fue deportado a El Salvador e internado en el Centro de Confinamiento del Terroristmo (Cecot), la megacárcel que el gobierno de Bukele construyó a las afueras de la capital salvadoreña y que ha sido objeto de denuncias de hacinamiento y maltrato por parte de organizaciones internacionales.
La juez federal Paula Xinis ordenó su retorno a Estados Unidos, afirmando que la acusación de pertenencia a la MS-13 se había basado en una «única y no probada acusación».
Pero el gobierno de Trump dijo que no podía facilitar ese retorno y recurrió al Tribunal Supremo, alegando que la juez pretendía arrogarse la dirección de la política exterior de Estados Unidos, algo que compete al presidente.
La semana pasada, el Tribunal Supremo mantuvo la orden de la juez Xinis.
Este lunes, en el encuentro entre Trump y Bukele en el Despacho Oval, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo que «corresponde a El Salvador» decidir si retorna a Ábrego.