Bolivia experimentó este miércoles 26 de junio una jornada convulsa en La Paz, cuando miembros del Ejército, al mando del ahora destituido comandante general del Ejército Juan José Zúñiga se movilizaron hacia la Plaza Murillo, donde se alberga la sede del Gobierno boliviano, en un «intento de golpe de Estado», como lo calificó el presidente Luis Arce. Tras horas de incertidumbre, la asonada terminó en una tensa calma, con los militares retirándose del lugar, un nombramiento de nuevos mandos militares y el arresto de Zúñiga, que señaló a Arce como artífice intelectual de las movilizaciones.

Un intento golpista en Bolivia. Las tanquetas blindadas que resguardaban la Plaza Murillo de La Paz empezaron a desalojar el lugar, después de que una de estas cruzara a la fuerza las puertas de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano, en donde un grupo de militares, comandados por el ahora destituido comandante general del Ejército Juan José Zúñiga, irrumpió en las instalaciones por unos minutos para encarar al presidente Luis Arce, quien les ordenó retirarse.

«Repliegue todas estas fuerzas, es una orden», le gritó Arce a Zúñiga durante un corto careo, después de que el ahora excomandante de las Fuerzas Armadas bolivianas declarara que las movilizaciones militares que lideraba tenían el objetivo de efectuar «cambios en el gabinete del Gobierno».

Luis Arce, quien había protagonizado una alocución más temprano en donde denunció un «intento de golpe de Estado» y llamó a la movilización popular para «defender la democracia», juramentó en directo a una nueva cúpula militar, nombrando a José Wilson Sánchez Velásquez como el nuevo jefe del Ejército boliviano, quien ordenó el regreso inmediato de los soldados implicados a sus cuarteles.

La asonada terminó tan solo unas horas después de iniciar, sin víctimas mortales ni enfrentamientos armados. La Fiscalía boliviana emitió una orden de aprehensión en contra de Zúñiga, quien fue capturado a las afueras de la sede del Estado Mayor del país, junto con el grupo de soldados que lo acompañaron en la sublevación.

El ministro de Justicia boliviano, Iván Lima Magne, anunció a través de sus redes sociales que el Gobierno buscará una pena de hasta 20 años de cárcel para Zúñiga, acusándolo de «haber atentado contra la democracia y la Constitución».