Así lo señaló este sábado la ONG Movimiento somos cuando indicaron que el proyecto de ley de matrimonio igualitario «sigue engavetado y sin discutirse», luego de 10 años de haber sido entregado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), actualmente controlada por el chavismo.
A través de X, recordó que en 2016 la organización no gubernamental Venezuela Igualitaria introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda contra la AN «por negarse a discutir el proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario».
Aunque la demanda fue admitida, recordó la ONG, «no ha habido sentencia hasta la fecha» por parte del tribunal.
Una comunidad desprotegida
El pasado abril, la ONG FundaRedes dijo en un informe que «la población LGBTIQ+ está desprotegida por la legislación venezolana«, ya que «no existe una ley integral, ni hay leyes diferenciadas ni menciones aparte en los instrumentos legales existentes para proteger los derechos de estas personas».
En marzo de 2023, la Sala Constitucional del TSJ anuló el último aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, lo que despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de los cuarteles en Venezuela, algo que fue considerado como un avance por organizaciones de derechos humanos.
La norma imponía una pena de uno a tres años de cárcel al militar que cometiera «actos sexuales contra natura», sin definir qué debe entenderse por tales actos.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ registró en 2023 al menos 461 casos de violencia hacia personas LGBTIQ+ en el país. Asimismo, la organización asegura que desde 2008 y hasta marzo de 2024 hubo 137 transfemicidios en el territorio nacional.
En mayo de este años, la periodista y defensora de DD.HH. Misle González dijo a EFE que, en Venezuela, hay una «homofobia de Estado» que «va más allá de no legislar en favor de los derechos LGTBIQ+, sino en, constantemente, hacer uso del discurso público para estigmatizar a las personas del colectivo«.