Han pasado 8 días desde que los dirigentes JuanFreites, Luis Camacaro y GuillermoLópez, coordinadores del partido político Vente Venezuela en los estados Vargas, Yaracuy y Trujillo, fueron detenidos por funcionarios de seguridad.
La mañana del miércoles 31 de enero, los familiares de los activistas opositores denunciaron ante la Defensoría del Pueblo, que Camacaro, Freites y López están desaparecidos desde el 23 de enero, cuando fueron arrestados.
Irama Macías Galarraga, esposa de Camacaro, aseguró que su esposo es inocente y exigió que la Defensoría y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le den pronta respuesta sobre el paradero de los activistas.
“Estoy absolutamente segura de que mi esposo es inocente. Todo el pueblo yaracuyano sabe quién es él; un hombre bueno, justo, honorable, y un luchador. Cualquiera puede decir que es inocente.”
Macías Galarraga reiteró que acudió ante esas instancias porque son las que deben dar respuestas tras la desaparición de su esposo.
“No sé nada de mi esposo desde el 23 de enero a la 1 de la tarde, cuando fui interceptada por el Sebin. Ellos vieron el carro, vieron que no estaba él y siguieron adelante. Yo lo llamé, le dije: ‘ten cuidado que me acaban de interceptar y vieron que tú no estabas’, y él me dijo: ‘está bien, mami’”, relató.
Los familiares señalan que posiblemente se realizó la audiencia preliminar sin la presencia de abogados privados.
“No he sabido nada de él. Hemos ido a todos los órganos de seguridad tanto en Yaracuy como en Caracas. Hemos recorrido todo y no lo han encontrado. Mi esposo es alérgico, le dio un torax leñoso, y los medicamentos para anestesiar le hacen daño. Además, es hipertenso y sufre de ácido úrico; tiene una serie de patologías que ameritan cuidado y una alimentación especial,”, comentó Macías.
También se desconoce cuál es la situación de reclusión de los activistas de Vente Venezuela detenidos desde el pasado 17 de enero. Entes internacionales han hecho un llamado a las autoridades venezolanas para que liberen a los activistas.
“Ha sido una angustia total. Es injusto porque tenemos derecho a saber de nuestros familiares, la ley lo dice. El Estado tiene la obligación de decirnos. Supimos que él estaba en algún organismo del Estado cuando el fiscal dio las declaraciones. Nadie merece pasar por esto”, señaló la pareja de Camacaro.
Entregan carta a la Defensoría
En una carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, los familiares de Freites, Camacaro y López expresaron su profunda preocupación por la situación que atraviesan sus y solicitan la intervención de la institución como defensora de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos.
En la misiva, se destaca que los detenidos son defensores de derechos civiles y políticos, así como activistas por la democracia en Venezuela.
La carta hace referencia a condenas previas de las Relatorías Especiales de la ONU respecto al uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, instando a que cese de inmediato.
Juan Freites fue detenido en la parroquia Carlos Soublette de La Guaira, Luis Camacaro en Yaracuy, y Guillermo López en el estado Trujillo.
La preocupación central de los familiares radica en la falta de información sobre el paradero y estado de salud de los detenidos, quienes no han sido vistos ni por sus familiares ni por sus abogados. La carta destaca que esta situación es inconstitucional y violatoria del debido proceso y de los derechos humanos fundamentales.
Dado el riesgo de tortura que enfrentan los detenidos, los familiares solicitan a la Defensoría del Pueblo actuar con urgencia, garantizando la visita al lugar de detención, permitiendo visitas familiares y asistencia jurídica. Además, solicitan la interposición del habeas corpus a favor de Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López.
La carta concluye instando a la Defensoría del Pueblo a asumir su papel como garante y defensora de las garantías constitucionales de los ciudadanos, en vista de las irregularidades y actuaciones inconstitucionales que han marcado este caso.