El incendio es una de las tantas tragedias que enfrentan los más de siete millones de migrantes que han huido de Venezuela
Desde la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Primero Justicia, lamentamos profundamente la tragedia en la cual fallecieron por lo menos 40 migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos 12 venezolanos, la noche del 27 de marzo, cuando se registró un incendio en el interior del edificio del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua de la República de México. Nuestros hermanos venezolanos se encontraban detenidos en espera para ser reubicados hacia el interior del país.
Ésta, es una de las tantas tragedias que han vivido los más de 7 millones de hermanos venezolanos que han tenido que huir de la grave y muy compleja crisis humanitaria que vivimos en Venezuela, ocasionada por las políticas trasnochadas y fracasadas de quienes hoy se mantienen en el poder, que han llevado a casi 80% de nuestro pueblo a vivir en pobreza extrema.
Es injusto que mientras una élite de corruptos y enchufados se roba el dinero de todos los venezolanos, el pueblo tenga que sobrevivir con salarios de hambre, con hospitales deteriorados y sin insumos; escuelas con cierre técnico por falta de maestros porque ya no pueden vivir con 6$ de salario mensual, además de tener que dar clases a niños desnutridos que se desmayan de hambre; sin contar ni dejar atrás la persecución política y las continuas y flagrantes violaciones a los Derechos Humanos.
La muerte de nuestros hermanos venezolanos en esta triste tragedia; los otros tantos que han perdido la vida cruzando páramos y selvas; la situación que padecen cientos de venezolanos durmiendo en las calles de otros países, soportando humillación, desprecio y xenofobia, es responsabilidad de quienes hoy se hacen llamar «los líderes de la Revolución venezolana».
Primero Justicia se solidariza con los familiares de todas las víctimas mortales y de quienes resultaron heridos en este deplorable hecho y exhorta a las autoridades mexicanas a cumplir con los tratados internacionales que establecen la obligación de los Estados de respetar y proteger los Derechos Humanos de todos los migrantes del mundo.